La Directiva (UE) 2019/1937, establece como principio el deber general de mantener al informante en el anonimato. Ahora bien, este pilar esencial de la norma europea se exceptúa cuando, bien una norma nacional prevé revelarlo, o bien se solicita en el marco de un proceso judicial, lo que ocurre en muchas ocasiones, argumentando el juzgador la necesidad de conocer la identidad de quien denunció, para garantizar el derecho de defensa del denunciado. Así, en su considerando 34 se señala: «Sin perjuicio de las obligaciones vigentes de disponer la denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, debe ser posible para los Estados miembros decidir si se requiere a las entidades jurídicas de los sectores privado y público y a las autoridades competentes que acepten y sigan denuncias anónimas de infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva».

La Ley 2/2023, de defensa del informante, recoge los términos antes indicados de la Directiva (UE).

Mediante el procedimiento de emisión de un certificado de firma electrónica bajo seudónimo, el Sistema Interno de Información de ANF AC compatibiliza el obligado anonimato del denunciante y mantiene la posibilidad de dar respuesta a un mandato judicial y, por tanto, mantener los legítimos derechos del denunciado a tutela judicial y defensa.

El Reglamento UE, 910/2014 eI DAS y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (Art. 6 pto. 1.a) establecen la posibilidad de emitir certificados bajo seudónimo.